A pesar de las impugnaciones, finalmente juró Rosenkrantz como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

cortesupremaHoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente tomó juramento a Carlos Rosenkrantz como nuevo integrante del máximo tribunal del Poder Judicial de nuestro país concluyendo de esta manera el proceso de designación iniciado por el Presidente Mauricio Macri en diciembre del año pasado, cuatro días después de haber asumido como presidente.

Mediante Decreto 83/2015 el Presidente Macri designó “en comisión” como Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doctores Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. El decreto de designación fue objetado política y jurídicamente por no respetar lo establecido en el Art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional sobre la designación de jueces de la Corte Suprema. La designación por Decreto y sin acuerdo del Senado significaba un retroceso enorme en materia democrática, de calidad institucional, además se objetó que no se respetó la representación de género en el máximo órgano colegiado de justicia. Las objeciones vinieron de casi todo el arco político, incluso por dirigentes de Cambiemos, numerosas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente y ante la negativa de la Corte Suprema de tomarles juramento a los ministros propuestos, el presidente debió cumplir con el procedimiento establecido en la Constitución Nacional y enviar el pliego al Senado para su aprobación, respetando además el Decreto 222/2003.

De los dos jueces propuestos, la designación de Rosenkrantz fue la más cuestionada, especialmente por su posición con relación a los derechos civiles y sociales. El perfil profesional del Dr. Rosenkrantz es más acorde a un visión “privatista” del derecho, con una lógica proveniente del Derecho Empresarial, entre sus antecedentes curriculares figura haber sido abogado de importantes corporaciones empresariales como Claro, Mc. Donalds, Arcos Dorados, Grupo Clarín, Fibertel, America TV, Farmacity, Freddo, Grupo De Narvaez, entre otras grandes empresas.

Sin dudas la llegada del abogado del Grupo Clarín a la Corte Suprema significa un alivio político al gobierno nacional, la asunción de Rosenkrantz deviene inmediatamente después de que la Corte Suprema se ha expedido anulando los incrementos tarifarios del servicios de gas (en relación a los usuarios residenciales), mientras se prepara a analizar los tarifazos en el servicio la energía eléctrica y a la espera de las demandas de comerciantes, pymes, industrias y clubes con relación al gas. El votó de Rosenkrantz en estos temas podrá resultar decisivo para la suerte política del gobierno. Continue reading “A pesar de las impugnaciones, finalmente juró Rosenkrantz como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.”

#Tarifazo: la Corte Suprema anuló el aumento de gas sobre los usuarios residenciales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad:

• Que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio.

• Se confirma la sentencia apelada en cuanto declara la nulidad de las resoluciones cuestionadas.

• La decisión se circunscribe al colectivo de los usuarios residenciales.

• Respecto de ellos, las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan.

• Se mantiene la tarifa social.

• Se pone en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación.

• Se recuerda a los tribunales el riguroso cumplimiento de la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre procesos colectivos.

Hechos del caso:

El Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) promovió una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM) con el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a la participación de los usuarios, y que en forma cautelar se suspendiese la aplicación del nuevo “cuadro tarifario” previsto por la Resolución MINEM 28/2016, hasta tanto se diera efectiva participación a la ciudadanía (fs.29/44) .

Con arreglo a esta pretensión la clase afectada estaría conformada por “todo aquel usuario del servicio de gas, quien no contó con la posibilidad de que sus intereses sean representados con carácter previo al aumento tarifario”.

Con posterioridad, el señor Carlos Mario Aloisi adhirió a la demanda. También la Asociación Consumidores Argentinos Asociación para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores (Consumidores Argentinos) se presentó, cuestionando no solo la Resolución MINEM 28/2016, sino también la Resolución MINEM 31/2016. Asimismo, acudieron varias cámaras de comercio e industria, concejales, diputados, senadores e intendentes, cuya comparecencia se tuvo presente.

El Juez de Primera Instancia dispuso dar publicidad a la iniciación del amparo colectivo en el Centro de Información Judicial y procedió a la inscripción del proceso en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego rechazó la acción interpuesta.

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata dispuso, en primer lugar, acumular a la presente todas las acciones colectivas que correspondiesen, conforme a lo dispuesto en las Acordadas 32/2014 y 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, declaró la nulidad de las resoluciones ministeriales cuestionadas y decidió retrotraer la situación tarifaria a la existente con anterioridad al dictado de las normas privadas de validez con efectos generales para todos los usuarios y para todo el país.

La Corte Suprema considera que el caso debe ser analizado porque está en juego la interpretación de la Constitución Nacional, y existe trascendencia institucional porque el conflicto ha generado una litigación de características excepcionales que compromete principios básicos del debido proceso constitucional en la tutela de los derechos de los usuarios y del Estado Nacional.

Audiencia pública previa a la decisión de aumento de tarifas:

La audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas.

El fundamento es el artículo 42 de la Constitución que prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos, la democracia republicana, el derecho a la información y la ley 24076 aplicable al caso.

La información, debate y decisión fundada son partes del proceso de la decisión que se adopta en el momento.

Por esta razón no es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta en el año 2014, ni una medida transitoria hasta tanto se celebre una audiencia.

Contenido de la Audiencia en relación a la tarifa

La audiencia siempre se debe hacer para el transporte y distribución de gas, porque son fijados monopólicamente (ley 24.076 y cc).

Es distinto el caso de Precio de ingreso al sistema de transporte del gas (Pist), porque hay una evolución en el tema:

La leyes 17.319 y 24.076, y sus reglamentaciones, establecieron que la producción y comercialización de gas es efectivamente una actividad económicamente desregulada y no fue calificada como servicio público

Desde el dictado de la Ley de Emergencia 25.561 en enero del año 2002, el precio del gas pasó de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención estatal, mientras que su importación, la ampliación de las redes de transporte y distribución y las tarifas que remuneraban dichos servicios fueron financiados, fundamentalmente, con recursos provenientes de cargos tarifarios, programas especiales de crédito, aportes específicos de determinados sujetos del sector y subsidios del Estado Nacional. Específicamente a partir del Decreto 181/2004, el Poder Ejecutivo intervino en su fijación, dejando de lado al mercado.

En consecuencia, es razonable que, hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública.

Es decir: en la situación actual el Estado intervino fuertemente en la fijación del Pist y por lo tanto debe someterlo a una audiencia pública porque es una decisión que, claramente, escapa al mercado. A partir de la fijación según reglas de oferta y demanda, no será necesaria la audiencia, porque se aplica la ley 24078.

La propia conducta del Estado actúa como una condición suspensiva de la aplicación de la norma originaria.

Protección de los consumidores y usuarios

En el artículo 42 de la Constitución se han reconocido las hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas.

Por ello hay una protección enfocada en la calidad de bienes y servicios, preservación de la salud y seguridad; información adecuada y veraz; libertad de elección; y condiciones de trato equitativo y digno y también derechos de participación, como el derecho reconocido en cabeza de los usuarios, con particular referencia al control en materia de servicios públicos.

División de Poderes y Funciones

Poder Ejecutivo: La fijación de tarifas es una facultad del Poder Ejecutivo (Precedentes de la CS. Fallos 184:306, 322:3008 y “Establecimiento Liniers S.A.”, fallada el 11 de junio de 2013) y la implementación de la política energética

Poder Legislativo: le corresponde la determinación del marco regulatorio general de la materia y las facultades tributarias.

Poder Judicial: El Poder Judicial debe controlar si las tarifas se ajustan a la Constitución y la ley y su razonabilidad. No debe sustituir al legislador, ni definir la política política energética. No puede fijar porcentajes de tarifas, ni dictar sentencias con efectos generales sin determinar previamente una categoría de afectados que sea homogénea (precedente Halabi).

El Tribunal señala que se han dictado sentencias vinculadas con la magnitud del aumento tarifario, sin distinción de categorías de usuarios, tratando de manera igual a situaciones heterogéneas, apartándose de la jurisprudencia de la Corte, que debe ser respetada.

Por qué se limita la sentencia a los usuarios residenciales?

La Cámara dictó una sentencia con efectos generales para todo tipo de usuarios y para todo el país. No se los citó previamente, y no se hacen distinciones según sean residenciales, comerciales, industriales, o según diferentes tipos de ingresos económicos, o regiones.

La Corte Suprema ha definido el proceso colectivo en diversos precedentes (“Halabi”) y ha dicho claramente que deben existir intereses individuales homogéneos.

Es decir, debe haber una causa común (en el caso la falta de audiencia), pero no hay homogeneidad.

Este es un elemento muy importante. Está en juego la libertad de las personas en cuanto a la disposición de su patrimonio.

En el caso, el único grupo homogéneo que reúne los elementos definidos en “Halabi” es el de los usuarios residenciales (conforme decreto 225/92 ─Anexo “B”, Subanexo II─, decreto 181/2004 y resolución ENARGAS 409/2008). Se trata de los ciudadanos a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos y por eso se afecta el acceso a justicia y pueden ser representados en una sentencia colectiva.

Por esta razón, la sentencia de la Corte únicamente tiene efectos respecto de ese colectivo.

Las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el corriente año en relación a la tarifa social y a la protección de los sectores más vulnerables se mantienen.

La sentencia, en ningún caso puede arrojar como resultado sumas mayores a las que dichos actores hubiesen debido abonar por estricta aplicación del nuevo cuadro tarifario, considerando la mencionada tarifa social (conf. doctrina de Fallos: 336:607).

AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL DR MAQUEDA

La audiencia pública tiene raigambre constitucional. Es un derecho ciudadano reconocido en el artículo 42 de la Constitución Nacional que se sustenta en los principios de la democracia participativa y republicana.

Todos los usuarios y consumidores –sin distinción de categorías- deben formar parte de la audiencia pública, que debe realizarse en forma previa a la toma de decisiones en materia tarifaria.

Dicho mecanismo de participación ciudadana debe llevarse a cabo respecto de todos los tramos que componen la tarifa final del servicio público de gas: precio en boca de pozo, transporte y distribución.

En el día de la fecha, el Doctor Maqueda en su voto declaró la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que fijaron el nuevo esquema de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, y un nuevo cuadro tarifario del servicio. (Causa FLP 8399/2016).

La nulidad de las resoluciones 28/16 y 31/16 se fundó en que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación no cumplió con la obligación de llevar a cabo audiencias públicas.

Sostuvo, en primer término, que el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce a la participación pública como un derecho que la ciudadanía puede ejercer directamente, sin perjuicio de que el Congreso establezca la forma en que este derecho debe llevarse a cabo en cada caso.

Afirmó que -específicamente en materia tarifaria- la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida, porque la Constitución garantiza la participación ciudadana previa en instancias públicas de discusión y debate, y ese aporte debe ser ponderado por el Poder Ejecutivo cuando fija el precio del servicio.

Este derecho de participación reconocido a los usuarios en el caso del servicio de gas se estructuró en 1992 en su ley regulatoria mediante el mecanismo de audiencias públicas. Resaltó que para que este derecho no sea ilusorio, deben cumplirse las siguientes condiciones.

En primer término, todos los usuarios tienen derecho a recibir de parte del Estado información adecuada, veraz e imparcial en forma previa a la realización de las audiencias. La segunda condición está dada por la celebración de este espacio de deliberación entre todos los sectores interesados, con un ordenamiento apropiado que permita el intercambio responsable de ideas en igualdad de condiciones. Por último, este derecho debe ser valorado en el momento en el que el Poder Ejecutivo toma la decisión. De otro modo, todas las etapas anteriores constituirían puro ritualismo si la autoridad no considerara fundadamente, en oportunidad de tomar las resoluciones del caso, las situaciones y argumentaciones que se expusieron en la audiencia.

En este marco constitucional y legal, afirmó que el Poder Ejecutivo no podía sostener válidamente que no era exigible la realización de audiencia pública antes del dictado de las resoluciones impugnadas por tratarse la producción y comercialización de este recurso de una actividad desregulada, es decir, una actividad cuyo precio era fijado por el libre juego de la oferta y la demanda.

En efecto, explicó que este argumento no es valedero, porque a partir de 2004, el precio del gas pasó a ser fijado por el Estado del mismo modo en que fija las tarifas. Así, respecto de precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, o precio a boca de pozo), estableció que mientras el Estado siga fijando el precio, corresponderá también llevar a cabo obligatoriamente las audiencias públicas.

Agregó que tampoco puede considerarse el argumento según el cual se trata de una tarifa transitoria, porque más allá de la permanencia temporal del régimen, lo cierto es que implica un aumento que puede llegar a quintuplicar la tarifa de gas que paga el usuario, y que en caso de que tal aumento no pueda ser afrontado, podría ser privado del servicio. En tales condiciones, resulta intrascendente que se trate o no de un régimen transitorio.

Seguidamente, reiteró que la potestad tarifaria de los servicios públicos es del Poder Ejecutivo y tiene por objeto asegurar su prestación en condiciones regulares y la protección del usuario.

Asimismo, también recordó que la interpretación de las normas, que incumbe a los jueces, no llega hasta la facultad de instituir la ley misma ni a suplir al Poder Ejecutivo en la decisión e implementación de la política energética. La misión más delicada de los jueces es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción.

Puso de manifiesto cómo había sido la política tarifaria en materia de gas en los últimos 14 años, para concluir que era necesario fijar criterios para una política tarifaria razonable respecto a servicios públicos esenciales.

A tal efecto recordó que las actividades o servicios esenciales para la sociedad, eran aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación.

Destacó que, según informó el Estado, la política energética implementada a partir del año 2002 tuvo como consecuencia la pérdida del autoabastecimiento, el aumento del gasto público, importaciones por parte del Estado Nacional, déficit de la balanza comercial, consumo de los “stocks” de recursos y capacidad disponibles, escasez del gas, deterioro de las infraestructuras de transporte y distribución y falta de inversiones en el desarrollo de sus redes.

Consideró que dicha situación imponía al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia.

Sostuvo que el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, una verdadera conmoción social provocada por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevado monto, pueda calificarse de “confiscatoria” de los ingresos de un grupo familiar.

Resolvió aplicar esta decisión a los usuarios residenciales de gas que constituyen un colectivo uniforme que cuestiona las resoluciones señaladas y que no podría demandar individualmente en razón de los costos que tal litigio implicaría para cada uno de ellos.

Respecto de la vigencia de la tarifa social para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, el voto puso de manifiesto que la aplicación del más elemental sentido de justicia implica que la tarifa final que se aplique a esos sectores como consecuencia de este fallo nunca podría implicar el pago de una suma mayor a lo que hubiesen debido pagar por aplicación de la tarifa social correspondiente al cuadro tarifario discutido en la causa.

En conclusión, las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo violentan el derecho a la participación de los usuarios, bajo la forma de audiencia pública previa, en el proceso de revisión de tarifas.

Fuente: http://www.cij.gov.ar

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#TARIFAZO: Suspendieron el aumento de luz en todo el país

El Juzgado Federal N° 2 de San Martín a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, en la causa Fernandez, Francisco M. y Otros c/Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Energía y Minería-ENRE- s/AMPARO Ley 16.986 Expte. Nro. 33645/2016” resolvió de manera interina:

1.- Suspender la inmediata suspensión de las Resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y 1/2016 del ENRE.

2.- Ordenó a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO (CAMMESA) que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario aprobado la Resoluciones 6/16 citadas respecto de todas las distribuidoras del país hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública.

3.- Ordenó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) arbitrar las medidas para el cumplimiento y comunicar a todos los agentes distribuidores y prestadores del servicio público del servicio de distribución de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la medida dispuesta (suspensión del incremento tarifario), haciéndoles saber que deberán suspender el cobro de las facturas emitidas como resultado de la aplicación del nuevo cuadro tarifario, y liquidar las facturas respectivas a los valores vigentes con anterioridad y hasta tanto se conteste el informe previsto por el art.4 de la ley 26.854.

4.- Para el caso de que los aumentos ya facturados que se hubiesen abonado a la fecha de notificación de la presente, sus importes deberán tenerse por pagados “a cuenta”, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total.

5.- Las distribuidoras deberán abstenerse de realizar cortes de suministro por falta de pago, con fundamento en la normativa suspendida.

6.- El Ministerio de Energía y Minería y Ente Nacional Regulador de la Electricidad deberán contestar informe del art. 4 de la ley 26.854 en un plazo de tres días y producir un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud, y podrán expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada, acompañando las constancias documentales que consideren pertinentes. Asimismo, deberán indicar sobre la existencia o no de alguna situación de excepción respecto a la situación en que se encuentran los clubes de Barrio y Pueblo, cooperativas y entidades de bien público, en relación al incremento tarifario de la energía eléctrica y en caso afirmativo, acompañar la documental pertinente que así lo acredite y manifestar respecto del alcance de la misma.

Entre los fundamentos la jueza destaca esencialmente la falta de realización de Audiencia Pública previa:

En consecuencia, la audiencia pública no sólo resulta un requisito constitucional, haya o no norma que la establezca en materia de modificación de tarifas, sino máxime que las aplicadas con las resoluciones atacadas por el amparista –que pretenden utilizar las celebradas hace once años atrás-, constituyen “prima facie” ajustes exorbitantes, desproporcionados y fuera de la realidad económica actual de los “clientes cautivos” (en tanto se carece de libertad de elección en la relación usuario-prestador del servicio público monopólico), quienes no fueron tenidos en cuenta como parte de la relación que debe ser protegida y cuyos derechos deben prevalecer por sobre el derecho de las licenciatarias de obtener mayor ganan….

se ha considerado que la Audiencia Pública es un requisito previo ineludible y que no solo resulta una exigencia constitucional –ya que se ha configurado una afectación al principio de participación- sino que también forma parte del derecho público contemporáneo y se encuentra contemplado en diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como en la Convención Americana de Derechos Humanos, donde principios tales como la no discriminación pasan a ser de aplicación directamente también en materia de tarifas de servicios públicos (vid Gordillo, op cit pag. 275).

En el mismo sentido, se ha sostenido que la no realización de las Audiencias públicas, configura la violación del elemento forma del acto administrativo, al no haberse cumplido con los elementos esenciales previstos para la emisión del mismo, no resultando aplicable la teoría de la subsanación judicial posterior (Cassagne, Juan Carlos “Derecho Administrativo” Tº II, Bs As. 1996, y Comadira,Julio, “Derecho Administrativo, “ Bs. As., 1996, pág. 249).”

#TARIFAZO III- Cámara Federal confirmó que los incrementos tarifarios no están vigentes

Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación se prepara a debatir el aumento tarifario y  ya solicitó informes y explicaciones al Gobierno Nacional, la Cámara Federal de La Plata resolvió no hacer lugar al pedido del Estado Nacional para que se le otorgue a la interposición del recurso extraordinario efectos suspensivos, así la sentencia que declaró nulo el aumento tarifario se encuentra vigente, al entender que la interposición del Recurso Extraordinario solicitado por el Gobierno Nacional no posee carácter suspensivo mientras se sustancia la admisibilidad de dicho Recurso.

La Resolución de la Sala II de la Cámara se remite al Art. 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que dice: “Si la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema.

Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que hubiese concedido el recurso y quedará cancelada si la Corte Suprema lo declarase improcedente o confirmase la sentencia recurrida. El fisco nacional está exento de la fianza a que se refiere esta disposición.”

La Sección 4° del Capitulo 4º del CPCCN regula la Apelación Extraordinaria ante la Corte Suprema establecida en el artículo 14 de la ley 48.

La Resolución de la Cámara también recorre la zigzagueante interpretación histórica de la Corte y la doctrina con respecto al carácter suspensivo o no del Recurso Extraordinario.

Ahora bien, es preciso recordar que, tal como entendió la doctrina clásica, la mera interposición del recurso extraordinario carece de efectos suspensivos, adquiriendo plena   virtualidad y ejecutoriedad la sentencia atacada,  ello en tanto el no haya sido concedido, o en el caso de su denegación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere abierto la queja…

En consecuencia, a la luz de la doctrina y jurisprudencia antes referida, cabe concluir que la   mera interposición del recurso extraordinario por el Estado Nacional, no afecta la fuerza de la   sentencia definitiva de esta Cámara, ni suspende su ejecutoriedad, tal como lo ha sostenido esta Sala en los múltiples casos en los que le ha tocado pronunciarse.” (del voto de la Jueza Calitri y el Juez Álvarez).

Resolución Recurso Extraordinario Cámara Apelaciones de La Plata

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#TARIFAZO II – La Corte Suprema pide explicaciones, información y documentación al Gobierno Nacional

En medio de la engorrosa situación social, política y judicial generada por los exorbitantes incrementos de tarifas en los servicios públicos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a sustanciar medidas y solicitó una serie de pedidos de informes[i] tanto al Gobierno Nacional como a tribunales inferiores, a estos últimos a fin de conocer el estado actual de algunas de las causas relacionadas.

La CSJN pidió información al Poder Ejecutivo para que explique, dentro de un plazo de 10 días, a través de ENARGAS sobre aspectos sociales y económicos de las tarifas de gas, la evolución del cuadro tarifario, los criterios técnicos de los últimos incrementos, los criterios para el otorgamiento de la Tarifa Social, monto final a pagar por los usuarios, criterios para ONG´s, entidades sin fines de lucro, PyMES y economías regionales, bandas tarifarias especiales según ingresos familiares y localización geográfica de los usuarios, entre otras. Continue reading “#TARIFAZO II – La Corte Suprema pide explicaciones, información y documentación al Gobierno Nacional”

TARIFAZOS: Que dice el fallo de la Cámara Federal de La Plata

El jueves 7 de julio, la Cámara Federal de La Plata emitió dos fallos relacionados con los incremento tarifarios en el servicio de gas natural y energía eléctrica. La primer sentencia[i] -sobre servicio público de transporte y distribución de gas natural- tiene efectos para todo el territorio del país, mientras que la segunda[ii] -sobre energía eléctrica- solo tiene efectos en el territorio de Provincia de Buenos Aires.

Qué establece el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata con relación al incremento de tarifas en el servicio de trasporte y distribución de gas natural?

  1. Declaró la nulidad de las Resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía Minería de la Nación, retrotrayendo la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas Resoluciones (retrotrae el cuadro tarifario).
  2. Ordenó acumular en el expediente todas las acciones colectivas relacionadas con el incremento de las tarifas del servicio de trasporte y distribución de gas natural, en tanto se inscriban en el Registro de Procesos Colectivos.
  3. Condenó el pago de las costas de ambas instancias al Gobierno Nacional.
  4. Ordenó remitir copia del fallo al fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Reforma Constitucional I

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

La Provincia de Santa Fe es pionera en materia constitucional siendo la primera provincia argentina en establecer un texto constitucional, incluso mucho antes que el Estado Nacional.

Tras la asunción de Estanislao López el 23 de julio de 1818 y atendiendo la realidad social existente, la necesidad de contar con una organización jurídica que consagrase derechos y garantías a todos los habitantes de la provincia y un marco legal a los actos de gobierno, impulsa, entre sus primeras medidas de gobierno, la redacción y sanción de un texto constitucional, siendo el primero de su tipo en el país.

El 26 de agosto de 1819 el Cabildo de Santa Fe aprueba el “Estatuto Provisorio de la Provincia de Santa Fe”, el cual se transforma en la primer constitución republicana representativa en nuestro país. Entre sus clausulas se destaca el voto directo del Gobernador, el Capitulo II del Estatuto instituyó por primera vez el voto directo del pueblo para la elección de gobernador. Los antecedentes al Estatuto de 1819 eran los enunciados federales de Artigas, las proclamas de la Asamblea del Año XIII y las declaraciones del Congreso de Tucumán de 1816.

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